Es hora de prepararnos para sacar a Trump de la Casa Blanca. Eche un vistazo a las opciones para votar en su estado aquí

“Nosotros, el pueblo.” Esas palabras lo cambiaron todo. El poder recaía en el pueblo, no en el gobierno. Libertad para pensar, hablar, actuar, criticar a su gobierno, todo protegido. Nos convertimos en el modelo del mundo. […] Nuestra Constitución no comienza con la frase, “Nosotros los demócratas” o “Nosotros los republicanos”. Y ciertamente no comienza con la frase, “Nosotros los Donantes”.

– Joe Biden, discurso al inicio de su campaña presidencial 2020, 18 de mayo de 2019

 

Donald Trump ha presidido la administración más corrupta de la historia moderna. Trump ha abusado de la presidencia para enriquecerse, gastando innumerables fondos de los contribuyentes  en sus propias propiedades. Los miembros de su administración no han logrado desligarse de los conflictos de intereses como prometieron. Trump ha convertido a la rama ejecutiva en un arma contra su misión fundamental, incluyendo el uso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para proteger al presidente y sus intereses, por encima del pueblo estadounidense y el estado de derecho. Y, Trump ha dado la bienvenida a los ricos intereses especiales, incluyendo la Asociación Nacional del Rifle, a la Oficina Oval y a los niveles más altos de su administración para desarrollar y guiar políticas públicas. 

 

La obligación que enfrenta el presidente que siga a Donald Trump es tan grande como esencial: restaurar la fe en el gobierno estadounidense. El próximo presidente debe demostrar con sus acciones, no con palabras vacías, que los servidores públicos sirven a todos en los Estados Unidos, no a ellos mismos ni a intereses especiales particulares. Un cargo público no es el premio por ganar una elección, sino un imperativo para mejorar la vida de las personas en todo el país, sin importar su género, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, código postal o ingresos. El presidente de los Estados Unidos tiene la responsabilidad principal de ganarse la confianza del pueblo estadounidense y mantenerla.  

 

Debemos elegir líderes con integridad, para quienes el interés público es primordial. Pero eso no es suficiente. También debemos fortalecer nuestras leyes para garantizar que ningún futuro presidente pueda volver a usar su cargo para beneficio personal. El poder del gobierno federal debe usarse para mejorar el país, y no al servicio de intereses privados y particulares. 

 

Biden está ofreciendo una propuesta ambiciosa para garantizar que nuestro gobierno sirva a la gente. Específicamente, el presidente Biden:

 

  • Reducirá la influencia corruptora del dinero en la política y facilitará que candidatos de todos los orígenes se postulen para un cargo;
  • Devolverá la integridad al Departamento de Justicia de los EE. UU. y a otras agencias de la rama ejecutiva que toman decisiones;
  • Restaurará la ética en el gobierno;
  • Controlará los conflictos de intereses financieros en la rama ejecutiva; y 
  • Exigirá a los cabilderos y a los funcionarios con quienes se reúnen un nivel más alto de rendición de cuentos.

Estos pasos son una parte esencial de renovar nuestra democracia y para asegurar que sirva a la gente e incluya a todos.

 

REDUCIR LA INFLUENCIA CORRUPTORA DEL DINERO EN LA POLÍTICA

Biden cree firmemente que podríamos mejorar nuestra política de la noche a la mañana si eliminamos al gran capital del sistema y obtuviéramos financiamiento público para nuestras elecciones. La democracia funciona mejor cuando una gran cuenta bancaria o una gran lista de donantes no son requisitos previos para el cargo, y los representantes elegidos provienen de todos los trasfondos, independientemente de los recursos. Pero durante demasiado tiempo, los intereses especiales y las corporaciones han parcializado el proceso político a su favor con contribuciones políticas. 

 

Biden ha abogado por el financiamiento público de las campañas federales desde el comienzo de su carrera en el Senado. Primero copatrocinó la legislación para crear un sistema de financiamiento público para los candidatos a la Cámara y al Senado en 1973. En 1997 y muchos años después, copatrocinó una enmienda constitucional que habría limitado las contribuciones, así como los gastos corporativos y privados en las elecciones y hubiera evitado el daño causado por la Corte Suprema en el caso de Citizens United.      

 

Biden reformará nuestro sistema de financiamiento de campañas para que amplifique las voces del público, no de los poderosos, especialmente las voces de los trabajadores en los Estados Unidos. Bajo su liderazgo, nuestro sistema se asegurará de que los principios de igualdad, transparencia e interés público, no privado, impulsen todas las decisiones gubernamentales. Con esos fines, Biden:

 

  • Presentará una enmienda constitucional para eliminar por completo los fondos privados de nuestras elecciones federales. Biden cree que ya es hora de poner fin a la influencia de los fondos privados en nuestras elecciones federales. Como presidente, Biden luchará por una enmienda constitucional que requerirá que los candidatos a cargos federales financien únicamente sus campañas con fondos públicos y eviten que el gasto externo distorsione el proceso electoral. Esta enmienda hará mucho más que simplemente revocar a Citizens United: devolverá nuestra democracia a la gente y la alejará de los intereses corporativos que buscan tergiversarla.  
  • Promulgará legislación para proveer fondos públicos voluntarios complementarios para los candidatos federales que reciben contribuciones en pequeñas cantidades. Mientras trabajamos hacia una enmienda constitucional, se pueden hacer cambios significativos con legislación. Biden propondrá legislación para suministrar fondos públicos para parear las contribuciones en pequeñas cantidades, a todos los candidatos federales. Esto ayudará especialmente a que quienes son candidatos por primera vez tengan acceso a los recursos necesarios para competir, liberándolos para que se concentren en interactuar con los votantes, no con los donantes de sumas elevadas.  
  • Mantendrá el dinero extranjero fuera de nuestras elecciones. Biden propondrá una ley para fortalecer nuestras prohibiciones a los ciudadanos extranjeros que intentan influir en las elecciones federales, estatales o locales. Ordenará a una nueva agencia independiente, la Comisión de Ética Federal (que se discute en detalle a continuación), que garantice la aplicación vigorosa y unificada de esta y otras leyes anticorrupción. La Comisión establecerá requisitos sólidos de divulgación, de modo que cualquier comunicación de campaña electoral en línea que se origine en el extranjero se identifique y se señale.  
  • Limitará los SuperPAC. La decisión de la Corte Suprema en Citizens United es incorrecta y debería ser revocada por una enmienda constitucional, pero estamos ansiosos por limitar su efecto peligroso. Como presidente, Biden trabajará para promulgar legislación que garantice que los súper comités de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) sean totalmente independientes de las campañas y los partidos políticos, desde su establecimiento hasta la recaudación de fondos y los gastos.   
  • Aumentará la transparencia del gasto electoral. Nuestra ley de financiamiento de campañas está obsoleta y Biden la actualizará para reflejar la era moderna. Con demasiada frecuencia, los candidatos y sus aliados ahora usan plataformas en línea como Facebook y Twitter para difundir anuncios engañosos o completamente falsos que son dirigidos específicamente a ciertas poblaciones y no son detectados por la prensa. Biden propondrá una legislación que codifique lo que debería ser un principio simple de la ley de financiamiento de campañas: cualquier grupo que abogue a favor o en contra de los candidatos a cargos federales en sus anuncios o comunicaciones debe divulgar quienes son sus contribuyentes. No más esconderse detrás de los grupos con “dinero de fuentes desconocidas” para difundir mentiras. Esta ley requerirá que los grupos publiquen todos los anuncios en línea, a quién están dirigidos y quién pagó por ellos, en una base de datos pública en un nuevo sitio web, ethics.gov, para que nadie pueda dirigirse a los votantes con información errónea sin atraer la atención de los medios o la atención política.  
  • Pondrá fin a los grupos con dinero de fuentes desconocidas. La ley federal reconoce los grupos de “bienestar social”, también conocidos como 501(c)(4), que pretendían abogar por causas específicas. Pero después del caso de Citizens United, se han utilizado cada vez más como grupos con dinero de fuentes desconocidas, gastando cientos de millones de dólares en elecciones federales y estatales sin revelar quiénes son sus donantes. Biden promulgará legislación para prohibir que los grupos 501(c)(4) gasten en las elecciones, la misma prohibición que se aplica a las organizaciones caritativas de la Sección 501(c)(3). También liderará la reforma de la Ley Federal de Campañas Electorales, para garantizar que cualquier entidad de cualquier tipo que gaste más de $10,000 en unas elecciones federales debe inscribirse en la Comisión de Ética Federal y divulgar públicamente a sus donantes. 
  • Requerirá divulgación en tiempo real. Actualmente, los votantes tienen que esperar hasta después de una elección para conocer a fondo quién gastó dinero para influir en su decisión. Biden propondrá legislación para cambiar eso, al exigir que las campañas y entidades externas que publiquen anuncios dentro de los 60 días previos a una elección revelen cualquier contribución nueva en 48 horas.  
  • Prohibirá las contribuciones de los comités de acción política (PAC) corporativos a los candidatos y prohibirá las contribuciones de cabilderos a aquellos con quienes se reúnen para abogar a favor de un tema. Biden se asegurará de que los cabilderos y los PAC corporativos no jueguen un rol en nuestras elecciones. La campaña presidencial de Biden está rechazando los fondos de los cabilderos y PAC corporativos. Como presidente, promulgará legislación para prohibir a los cabilderos que hagan contribuciones a aquellos con quienes se reúnen para abogar a favor de un tema, o recauden o agrupen fondos para ellos. Esta legislación estará diseñada para garantizar que el público sepa tanto como sea posible sobre el gasto político de aquellos que buscan influir en los funcionarios electos y en otros oficiales del gobierno. Cualquier contribución del cabildero debe divulgarse dentro de las siguientes 24 horas, y cualquier evento de recaudación de fondos organizado por el cabildero debe notificarse antes de que ocurra.
  • Reformará el financiamiento para las convenciones de los partidos nacionales. Biden propondrá legislación que establezca que cualquier partido político que reciba más del 5% del voto nacional debe financiar su convención nacional con fondos públicos. Las primarias, y las convenciones que certifican sus resultados, son buenas para la democracia. Las convenciones también deberían serlo. No deben ser financiadas por intereses corporativos o monetarios. 
  • Cerrará la laguna legal de los contratistas federales. Como presidente, Biden cerrará la laguna legal que actualmente permite a los funcionarios y directores de contratistas federales contribuir a los candidatos a cargos federales. Si gana dinero con contratos del gobierno, debe hacerlo por mérito, no por contribuciones a la campaña. 

 

DEVOLVER LA INTEGRIDAD AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y A OTRAS AGENCIAS DE LA RAMA EJECUTIVA QUE TOMAN DECISIONES

El procurador general y el resto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) sirven y protegen al pueblo estadounidense, no a los intereses privados y políticos del presidente. Lo mismo es cierto para otras agencias de la rama ejecutiva. Sin embargo, una y otra vez, el presidente Trump ha tratado de usar indebidamente el Departamento de Justicia para atacar a sus oponentes políticos y protegerse, proteger a su familia y a sus asociados de cualquier fiscalización o investigación significativa. Trump le ha pedido al Departamento de Justicia que procese a los demócratas y a otros que no están de acuerdo con él; ha alistado al Departamento de Justicia en su esfuerzo por evitar que sus declaraciones de impuestos vean la luz del día; y ha atacado a los fiscales de carrera y a los agentes que trabajan arduamente y dedican sus vidas al servicio público.

 

Trump ha utilizado al Departamento de Justicia como un arma contra las leyes promulgadas por el Congreso y apoyadas por el público, como la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, que ha dado a más de 20 millones de estadounidenses acceso a un seguro de salud que antes no tenían. De manera similar, ha utilizado sus nombramientos y órdenes ejecutivas para pedir a las agencias de la Rama Ejecutiva que se desvíen de su misión: ordenando al Departamento de Salud y Servicios Humanos que desmantele, en lugar de hacer cumplir, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y solicitando a la Agencia de Protección Ambiental que exima a los contaminadores de responsabilidad, en lugar de que garantizar aire limpio y agua limpia para el pueblo estadounidense, como lo exige la ley. Esto está mal.

 

Para mantener el estado de derecho y devolver la integridad a nuestro sistema de justicia y al gobierno, Biden tomará medidas agresivas, que incluyen:

 

  • Evitar que el presidente o la Casa Blanca interfieran indebidamente en las investigaciones y en los juicios federales. Biden trabajará para impedir que cualquier futuro presidente o cualquier otra persona en la Casa Blanca interfiera indebidamente con las decisiones sobre quién o qué investigar y enjuiciar. Esas decisiones deben basarse únicamente en los hechos y en la ley, libres de influencia política o partidista. El presidente puede establecer amplias prioridades de aplicación, pero nunca debe decirle al DOJ qué personas o empresas específicas investigar o enjuiciar. El primer día de su presidencia, Biden emitirá una Orden Ejecutiva indicando que ningún miembro del personal de la Casa Blanca ni ningún miembro de su administración puede iniciar, alentar, obstruir o influir indebidamente en investigaciones o juicios específicos del Departamento de Justicia por ningún motivo; y se comprometerá a despedir a cualquiera que intente hacerlo. Biden también promulgará legislación que otorgue al inspector general del Departamento de Justicia todo el poder para investigar cualquier acusación de influencia partidista inadecuada en las investigaciones y juicios del Departamento de Justicia; y exigirá que el inspector general informe detalladamente al Congreso cada vez que se confirme una acusación como esa. Y, Biden trabajará con el Congreso para fortalecer nuestras leyes para denunciar irregularidades, de modo que cualquier empleado federal que se entere de un intento inadecuado de influir en una investigación o un juicio del Departamento de Justicia sepa cómo denunciarlo y reciba protección total contra represalias por parte de cualquier persona, incluido el presidente. Esas reformas también garantizarán que todos esos informes se transmitan directamente al Congreso. 
  • Aumentar la transparencia en la toma de decisiones del DOJ. Biden hará que las políticas y prácticas del DOJ sean más transparentes y accesibles al público. Demasiadas de las peores decisiones de la Administración Trump, ya sea alegar que la Ley de Cuidado de Salud Asequible es inconstitucional o que DACA es ilegal, se tomaron sin fundamento legal. Biden requerirá que el Departamento de Justicia informe y explique en detalle cualquier cambio de posición sobre un tema legal importante al Congreso y al público. 
  • Facultar a los guardianes en las agencia para combatir el comportamiento poco ético Biden fortalecerá las leyes de los inspectores generales, que establecieron guardianes en casi todas las agencias de la rama ejecutiva, para dar a los inspectores generales plenos poderes de citación y la independencia que necesitan para investigar y publicitar la conducta impropia concreta, o el intento de conducta impropia, de cualquier funcionario. Los inspectores generales deben tener la autoridad expresa para prevenir, investigar y divulgar todas las violaciones.  
  • Prohibir la interferencia indebida en asuntos de las agencias. Biden se asegurará de que las decisiones de la agencia sobre asuntos específicos, como otorgar contratos gubernamentales o otorgar permisos gubernamentales, se basen en los méritos y la experiencia, no en las preferencias políticas. Biden emitirá una Orden Ejecutiva que prohíba que cualquier persona en la Casa Blanca interfiera con las agencias federales en estos asuntos, y exigirá que la Casa Blanca revele al público si alguna corporación, individuo u otra entidad intenta solicitar ayuda de la Casa Blanca. Esta información será agregada y hecha pública por la Comisión de Ética Federal. 
  • Dar poder al Departamento de Justicia para hacer cumplir la ley. Biden se asegurará de que el Departamento de Justicia tenga los recursos y la autoridad para hacer cumplir nuestras leyes, incluidas las que la Administración Trump ha dicho a los fiscales de carrera y los agentes que ignoren, leyes que protegen nuestros derechos electorales, hacen que la discriminación sea ilegal y protegen el medio ambiente. Y, Biden volverá a comprometer las divisiones de Derechos Civiles y Energía y Recursos Naturales del Departamento para que lleven a cabo sus misiones.

 

RESTAURAR LA ÉTICA EN EL GOBIERNO

Durante los ocho años de la administración Obama-Biden, no hubo ni un indicio de escándalo. La administración estableció el código de ética más estricto jamás adoptado por alguna Casa Blanca. Sus procedimientos aseguraron que todas las decisiones se tomaran en los méritos, sin prejuicios, favoritismo o influencia indebida. El presidente Obama y el vicepresidente Biden establecieron expectativas claras de que debía seguirse el código de ética y la ley vigente.  

 

La administración Trump ha hecho trizas esos estándares. Trump está aceptando emolumentos extranjeros, y ha ignorado su promesa de no expandir sus negocios en el extranjero. Y Trump está utilizando al gobierno federal para sostener sus complejos con innumerables dólares de los contribuyentes.

 

Muchas de nuestras imperfectas pero esenciales leyes de ética del gobierno tienen su origen en la respuesta del país a Watergate. Como presidente, Biden se asegurará de que la respuesta del país a las violaciones de la Administración Trump sea aún más agresiva. Específicamente, Biden:

 

  • Establecerá la Comisión de Ética Federal para hacer cumplir más efectivamente la ley federal de ética. Biden propondrá y promulgará una legislación que establezca una agencia gubernamental única facultada para supervisar y hacer cumplir las leyes federales de anticorrupción y ética. Hoy, la ley existente es un mosaico de mandatos específicos del tema, supervisada por agencias que a menudo carecen de la autoridad para exigir y recibir cumplimiento. Y, el seguimiento de datos públicos sobre quién está tratando de influir en nuestros funcionarios electos es igualmente fragmentado y difícil de encontrar. Esta comisión hará que toda la información sobre cómo ciertos intereses buscan influir en nuestro gobierno esté fácilmente accesible.

 

La oficina tendrá una amplia autoridad de investigación y aplicación de la ley civil, ampliando los poderes que ahora tienen la FEC, OGE y la Oficina del Asesor Especial. Tendrá la autoridad para hacer cumplir sus propias citaciones, poniendo fin al obstruccionismo ilegal de la Administración Trump. Tendrá el poder de remitir asuntos para investigación criminal al DOJ, y una obligación de informar al público cuando el DOJ haya decidido no proceder con ese referido. Y tendrá la tarea de cerrar las lagunas existentes que permiten a los funcionarios públicos ocultar activos en fideicomisos discrecionales, o dejar que los cabilderos encubran campañas de influencia en divulgaciones ambiguas. 

 

Además, la Comisión de Ética Federal (CFE, por sus siglas en inglés) tendrá la tarea de establecer ethics.gov, un nuevo destino único para los estadounidenses interesados en conocer sobre los funcionarios electos y nombrados que les sirven, y aquellos que buscan influir en ese servicio.. Recopilará información sobre financiamiento de campañas, divulgación financiera y cabildeo, todo en un solo lugar y, como se detalla en este plan, esa información será más completa que nunca.  

 

Estructura de la CFE: para evitar el estancamiento que afecta a algunas agencias actualmente, la CFE estará dirigida por una comisión de cinco miembros, nombrada por el presidente y confirmada por el Senado, con no más de tres comisionados del mismo partido político. Los comisionados ocuparán cargos por períodos escalonados de 10 años en las administraciones presidenciales, y podrán ser removidos solo por una causa. Las nominaciones a la comisión serán sugeridas por un panel especial de ex fiscales, jueces y reguladores estatales. Solo aquellos con experiencia en procesar casos de corrupción pública o regular la ética y el financiamiento de campañas serán elegibles para los nombramientos.  

 

Para monitorear la efectividad de la CFE, y para garantizar que responda a todas las amenazas al gobierno ético y transparente, la oficina será asesorada por una Junta de Supervisión de la CFE de 11 miembros, compuesta por expertos bipartidistas en ética, financiamiento de campañas y gobierno abierto. La Junta informará a CFE dos veces al año con recomendaciones sobre cómo fortalecer el cumplimiento con la ética; cuando la Junta recomiende actualizaciones, la CFE estará obligada a considerarlas públicamente y explicar si alguna de ellas no se sigue.  

 

  • Exigirá que todos los candidatos a un cargo federal hagan públicas sus declaraciones de impuestos de 10 años antes de la fecha en que declararon su candidatura para su primer cargo federal. Muchos comités del Senado requieren que los nominados para puestos a nivel de gabinete suministren sus declaraciones de impuestos para inspección, porque el saber cómo una persona se ha ganado la vida puede fundamentar las decisiones sobre su aptitud para el cargo. Si requerimos el de los funcionarios designados, ¿por qué esperamos menos de quienes aspiran a cargos electos? Los últimos 21 años de declaraciones de impuestos federales de Biden han sido publicados, disponibles para ser inspeccionados por los votantes y los medios de comunicación. Como presidente, Biden promulgará una legislación que exija que todos los candidatos a cargos federales divulguen sus declaraciones de impuestos que datan de 10 años antes de la fecha en que declararon su candidatura para su primer cargo federal.
  • Ampliará y codificará en ley el juramento de ética de la Administración Obama-Biden. En el primer día, Biden emitirá un juramento de ética, construyendo y mejorando el juramento de la Administración Obama-Biden, para garantizar que cada miembro de su administración se enfoque día a día en los mejores resultados para el pueblo estadounidense, y nada más. El juramento abordará no solo la influencia inadecuada de los cabilderos, sino también cualquier influencia indebida o inapropiada de intereses personales, financieros y de otro tipo, asegurando una capa adicional de revisión y escrutinio cada vez que las propuestas o recomendaciones de políticas provengan de una fuente en conflicto.

 

CONTROLAR LOS CONFLICTOS DE INTERESES EN LA RAMA EJECUTIVA

El presidente Trump está utilizando la presidencia para enriquecerse. Su gabinete está lleno de miembros que no han cumplido con las desinversiones o recusaciones prometidas. Biden renovará la confianza pública en nuestra democracia asegurando que todos los que estén en una posición de confianza pública al remover incluso la apariencia de que sus participaciones financieras podrían influir en la toma de decisiones. 

 

Como presidente, Biden:

 

  • Evitará que el presidente y otros miembros de alto rango de la rama ejecutiva se vean influenciados por las participaciones financieras personales. Ningún miembro de la Administración Biden será influenciado por las participaciones financieras personales. Como presidente, al igual que lo hizo como vicepresidente, Biden solo tendrá bonos del Tesoro, anualidades, fondos mutuos y bienes inmuebles residenciales privados; asimismo, cualquier plan de jubilación que beneficie a Joe o Jill Biden estará en fondos mutuos de gran capitalización. Por orden ejecutiva, Biden exigirá el estricto cumplimiento de los acuerdos de ética que exigirá a cada uno de sus gabinetes y otros altos funcionarios de la administración. Y promulgará una legislación que fortalezca estas prácticas, para que nunca más estemos expuestos a personas que quieren enriquecerse, como los que hemos visto en la Administración Trump.  
  • Extenderá este estándar a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos. Biden trabajará con el Congreso para promulgar legislación para aplicar normas similares a sus miembros.
  • Eliminará la laguna legal sobre los fideicomisos en la ley de divulgación financiera existente. La Ley de Ética en el Gobierno exige que los candidatos a cargos federales y altos funcionarios de la Rama Ejecutiva revelen sus activos. Su objetivo es dar al público, a los medios de comunicación y a otros funcionarios del gobierno la oportunidad de identificar conflictos potenciales y exigir la recusación cuando sea apropiado. Pero los candidatos y los funcionarios públicos a menudo transfieren activos a fideicomisos controlados por miembros de la familia o amigos cercanos, y luego revelan solo la existencia del fideicomiso en lugar de los activos que posee. Esta laguna legal ha permitido a muchos altos funcionarios, incluido el presidente Trump, evitar revelar intereses financieros significativos. Biden trabajará con el Congreso para cerrar esta laguna legal; y mientras tanto requerirá que cualquier miembro de su Administración que sea beneficiario de un fideicomiso discrecional revele todas sus participaciones financieras. 

 

EXIGIR A LOS CABILDEROS Y A LOS FUNCIONARIOS CON QUIENES SE REÚNEN UN ESTÁNDAR MÁS ALTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nuestro gobierno debe operar en el interés público, tomando decisiones sobre los méritos, y no para satisfacer las demandas de los intereses adinerados. El público tiene derecho a saber cuándo los cabilderos se reúnen con los miembros del Congreso y los funcionarios de la rama ejecutiva; debería saber con quién hablan y sobre qué. Además, los cabilderos a menudo suministran un borrador de lenguaje legislativo o regulatorio que esperan que se promulgue. Esa información también debe hacerse pública. Actualmente, nuestras regulaciones sobre los cabilderos están llenas de lagunas legales y solamente los cabilderos y los intereses corporativos que representan deben revelar muy poca información. Es hora de que fortalezcamos nuestras reglas sobre cabildeo y exijamos cuentas a los funcionarios públicos asegurándonos de que también cumplan con estos estándares más altos.   

 

Como presidente, Biden:

 

  • Exigirá cuentas a los funcionarios electos sobre la transparencia pública de las reuniones de cabildeo. La ley de cabildeo existente se centra principalmente en las personas que cabildean. Es hora de que la ley se amplíe para incluir a los funcionarios públicos que son objeto de cabildeo. Si su senador o representante se reúne con un grupo de interés especial, usted debe saberlo. Si el secretario de Educación está tomando decisiones sobre la deuda estudiantil después de docenas de reuniones con prestamistas, usted también debe saberlo. Biden ampliará las leyes de divulgación de cabildeo, por lo que la obligación de transparencia recae en la persona que ostenta un cargo, así como en el cabildero. Específicamente, Biden propondrá legislación para exigir a los funcionarios electos que divulguen mensualmente cualquier reunión o comunicación con cualquier cabildero o interés especial que intente influir en la aprobación o la derrota de un proyecto de ley específico, ya sea que busque el voto del funcionario o asistencia para presentar o desarrollar legislación. Según el plan de Biden, los miembros del Congreso deberán divulgar cualquier lenguaje legislativo o texto de proyecto de ley presentado por cualquier grupo de presión. Se requerirá que los funcionarios de la rama ejecutiva revelen cualquier texto reglamentario presentado por cualquier entidad externa. Y, los miembros del Congreso y los altos funcionarios de la rama ejecutiva deberán desarrollar y divulgar cualquier política de acceso que tengan que rija las solicitudes de nombramientos. La CFE pondrá a disposición del público toda esa información. Si un funcionario cree que las reuniones con entidades particulares sirven al público, permítale explicar por qué. 
  • Hará que la divulgación de cabildeo sea significativa. La ley de cabildeo debe informar efectivamente al público y desalentar conductas que distorsionen la toma de decisiones del gobierno. Pero la ley actual no hace ninguna de las dos cosas. Los requisitos de divulgación están llenos de lagunas, por lo que los cabilderos pueden coordinar una campaña de relaciones públicas sin revelar su trabajo. Las campañas detalladas se pueden proteger con vagas referencias a cabildear en una cámara del Congreso. Los “influencers” son libres de revelar solo información general sobre las leyes y la actividad reguladora que están tratando de configurar, sin revelar detalles. Biden reducirá el umbral para cuándo aquellos que buscan influir en las decisiones del gobierno deben registrarse como “cabilderos”, para incluir a cualquiera que gane más de $1,000 anuales para participar en el desarrollo o la supervisión de una estrategia de cabildeo. La ley les exigirá que revelen en detalle exactamente lo que están haciendo: con quién se reúnen, los materiales que comparten, cualquier lenguaje legislativo (o reglamentario) específico que propongan, y precisamente qué resultados están buscando.
  • Prohibirá el uso de cabilderos por parte de gobiernos extranjeros. No hay ninguna razón por la cual un gobierno extranjero deba poder cabildear ante el Congreso o la rama ejecutiva, y mucho menos interferir en nuestras elecciones. Si un gobierno extranjero quiere compartir sus puntos de vista con los Estados Unidos o influir en su toma de decisiones, debe hacerlo a través de los canales diplomáticos regulares. La Administración Biden prohibirá el cabildeo por parte de gobiernos extranjeros; y requerirá que cualquier negocio extranjero que busque cabildear confirme que ningún gobierno extranjero posea o controle materialmente ninguna parte del mismo.
  • Garantizará un acceso verdaderamente público. En Washington, la capacidad de programar una reunión con un funcionario electo o su personal es una forma de dinero. Según el plan Biden, los miembros del Congreso y los altos funcionarios de la rama ejecutiva deberán desarrollar y divulgar al público cualquier política que su oficina haya instituido para aceptar o priorizar citas. Además, Biden volverá a la práctica de la Administración Obama-Biden de revelar las listas de visitantes de la Casa Blanca.