Los sindicatos fuertes construyeron la gran clase media estadounidense. Todo lo que define lo que significa vivir una buena vida y saber que puede mantener a su familia (la semana laboral de 40 horas, licencia con paga, protecciones de salud, una voz en su lugar de trabajo) se debe a los trabajadores que organizaron sindicatos y lucharon por protecciones laborales. Debido a la organización y la negociación colectiva, solía haber un acuerdo básico entre los trabajadores y sus empleadores en este país, que cuando trabajas duro, compartes la prosperidad que tu trabajo creó.

Actualmente, sin embargo, hay una guerra contra la organización, la negociación colectiva, los sindicatos y los trabajadores. Se ha estado librando durante décadas, y está empeorando con Donald Trump en la Casa Blanca. Los gobernadores republicanos y las legislaturas estatales en todo el país han promulgado una legislación antiobrera para socavar el movimiento sindical y la negociación colectiva. Los estados han diezmado los derechos de los trabajadores del sector público que, a diferencia de los trabajadores del sector privado, no tienen protecciones federales que garanticen su libertad de organización y negociación colectiva. En el sector privado, las corporaciones están utilizando las ganancias para recomprar sus propias acciones y aumentar la compensación de los CEO en lugar de invertir en sus trabajadores y crear más empleos de buena calidad. Los resultados han sido predecibles: aumento de la desigualdad de ingresos, estancamiento de los salarios reales, pérdida de las pensiones, explotación de los trabajadores y debilitamiento de las voces de los trabajadores en nuestra sociedad.

Biden está proponiendo un plan para desarrollar una clase media más fuerte e inclusiva, la columna vertebral de la economía de los Estados Unidos, fortaleciendo los sindicatos del sector público y privado y ayudando a todos los trabajadores a negociar con éxito por lo que se merecen.

Como presidente, Biden:

  • Detendrá el abuso del poder corporativo sobre los trabajadores y responsabilizará personalmente a los ejecutivos corporativos por las violaciones de las leyes laborales;
  • Fomentará e incentivará la sindicalización y la negociación colectiva; y
  • Asegurará que los trabajadores sean tratados con dignidad y reciban la paga, los beneficios y las protecciones en el lugar de trabajo que se merecen.

Este plan es un complemento crítico a las propuestas de Biden para garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a un cuidado de salud asequible y de calidad; para garantizar que todos los trabajadores puedan enviar a sus hijos a escuelas públicas de calidad y tengan acceso al pre-kínder universal; para proveer educación y capacitación más allá de la escuela secundaria, incluidos los aprendizajes certificados a nivel federal; apoyar una revolución de energía limpia que crearía  millones de empleos sindicalizados de clase media; y para cumplir con nuestro compromiso de invertir primero en los trabajadores en los Estados Unidos y garantizar que los sindicatos estén en la mesa para negociar cada acuerdo comercial. En los próximos meses, Biden continuará esbozando con más detalle sus propuestas relacionadas, incluso sobre temas relacionados con las pensiones, comenzando con la aprobación de la Ley Butch Lewis; inversiones en infraestructura y acuerdos laborales de proyectos; e igualdad en el lugar de trabajo.

DETENER EL ABUSO DEL PODER CORPORATIVO SOBRE LOS SINDICATOS

El presidente Trump y el liderazgo republicano creen que este país fue construido por los altos ejecutivos y los administradores de fondos de cobertura, pero están equivocados. Joe Biden sabe que nuestro país fue construido por los trabajadores estadounidenses. Si bien podríamos sobrevivir sin Wall Street y los bancos de inversión, toda nuestra economía colapsaría sin los electricistas para mantener nuestras luces encendidas, los trabajadores automotrices en la línea construyendo nuestros autos, los choferes que entregan todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria en nuestros mercados, los bomberos, los choferes de ambulancias, trabajadores de servicios, educadores y millones más.

Sin embargo, los empleadores roban alrededor de $15 mil millones al año de los trabajadores simplemente pagando a los trabajadores menos del salario mínimo. Además de eso, los trabajadores experimentan enormes pérdidas salariales causadas por otras formas de robo de salarios, como los empleadores que no pagan horas extras, obligan a trabajar fuera del horario laboral y clasifican erróneamente a los trabajadores. Al mismo tiempo, estas compañías están recaudando miles de millones de dólares en ganancias y pagando a los CEO decenas y cientos de millones de dólares.

Además, los empleadores interfieren repetidamente con los esfuerzos de los trabajadores para organizarse y negociar colectivamente. En casi todas las campañas sindicales, las corporaciones realizan una campaña contra el sindicato. Tres de cada cuatro empleadores contratan consultores antisindicales, gastando aproximadamente $1,000 millones cada año en estos esfuerzos. Las corporaciones despiden a los trabajadores que están a favor del sindicato en una de cada tres campañas sindicales y aproximadamente la mitad de las corporaciones amenazan con tomar represalias contra los trabajadores durante las campañas sindicales. Incluso los trabajadores que logran formar un sindicato luego enfrentan obstáculos por corporaciones que negocian de mala fe. Aproximadamente la mitad de los grupos de trabajadores recién organizados no tienen contrato un año después y uno de cada tres permanece sin contrato dos años después de una elección sindical exitosa.

Biden se asegurará de que los empleadores respeten los derechos de los trabajadores. Específicamente, Biden:

  • Hará que las corporaciones y los ejecutivos sean personalmente responsables por interferir con los esfuerzos de organización y violar otras leyes laborales. Biden apoya firmemente las disposiciones de la Ley de Protección del Derecho a la Sindicación (Ley PRO) que establecen sanciones financieras a las empresas que interfieren con los esfuerzos de organización de los trabajadores, incluido el despido o las represalias contra los trabajadores. Biden irá más allá de la Ley PRO al promulgar leyes para imponer sanciones aún más severas a las corporaciones y responsabilizará personalmente a los ejecutivos de la compañía cuando interfieren con los esfuerzos de organización, incluyendo la responsabilidad penal cuando su interferencia es intencional.
  • Perseguirá agresivamente a los empleadores que violen las leyes laborales, participen en el robo de salarios o hagan trampa en sus impuestos al clasificar intencionalmente a los empleados como contratistas independientes. Como presidente, Biden va evitar que los empleadores clasifiquen erróneamente a sus empleados como contratistas independientes. Él promulgará una legislación que haga que la clasificación errónea de los trabajadores sea una violación sustantiva bajo todas las leyes federales laborales, en el empleo y fiscales con sanciones adicionales más allá de las impuestas por otras violaciones. Y, tomando como base los esfuerzos de la Administración Obama-Biden impulsará un esfuerzo agresivo de aplicación de la ley que reducirá drásticamente la clasificación errónea de los trabajadores. Ordenará al Departamento del Trabajo de los EE. UU. que participe en alianzas de cumplimiento significativas y colaborativas, incluyendo con la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, por sus siglas en inglés), la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, el Servicio de Rentas Internas, el Departamento de Justicia y las agencias estatales de impuestos, seguro de desempleo y laborales. Y, si bien Trump ha debilitado la aplicación de la ley saboteando a las agencias de aplicación y reduciendo su cuerpo de investigadores, Biden financiará un aumento dramático en el número de investigadores en las agencias de aplicación de las leyes laborales y de empleo para facilitar un gran esfuerzo contra la clasificación errónea.
  • Asegurará que los fondos federales no fluyan a los empleadores que participan en actividades antisindicales, participan en el robo de salarios o violan las leyes laborales. Biden instituirá una inhabilitación federal de varios años para todos los empleadores que se oponen ilegalmente a los sindicatos, basándose en los esfuerzos de inhabilitación llevados a cabo en la Administración Obama-Biden. Biden también restaurará y se basará en la orden ejecutiva de la Administración Obama-Biden de Pago Justo y Lugares de Trabajo Seguros, que Trump revocó, exigiendo que el cumplimiento de los empleadores con las leyes laborales y en el empleo se tenga en cuenta para determinar si son lo suficientemente responsables como para confiarle los contratos federales. Se asegurará de que los contratos federales solo lleguen a empleadores que firman acuerdos de neutralidad comprometiéndose a no realizar campañas antisindicales. También solo otorgará contratos a empleadores que apoyen a sus trabajadores, incluidos aquellos que pagan un salario mínimo de $15 por hora y beneficios para mantener a sus familias. Los dólares de los impuestos de las familias trabajadoras no deben usarse para dañar el nivel de vida de esas mismas familias.
  • Penalizará a las compañías que negocian de mala fe. Demasiados empleadores fingen negociar con los sindicatos (“negociaciones superficiales”) sin intención de llegar a un acuerdo. Biden le dará a la NLRB el poder necesario para obligar a cualquier empleador que se encuentre negociando de mala fe a sentarse a la mesa de negociaciones, como se estipula en la Ley PRO. Y exigirá que esas compañías paguen una multa, además de compensar a los trabajadores por el tiempo en que la compañía detuvo las negociaciones.

FOMENTAR E INCENTIVAR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Los sindicatos y la negociación colectiva son herramientas esenciales para crecer y mantener una clase media más fuerte e inclusiva. Dieciséis millones de trabajadores en los Estados Unidos son miembros de sindicatos o están en un trabajo que les proporciona representación sindical. Más de seis de cada diez de esas personas son mujeres y/o personas de color. Los trabajadores sindicalizados ganan aproximadamente un 13% más que los trabajadores no sindicalizados en un lugar de trabajo similar. También experimentan tasas drásticamente más bajas de violaciones de los estándares laborales, como que los empleadores se involucren en el robo de salarios o no cumplan con los requisitos de seguridad y salud.

Pero hoy, los miembros de los sindicatos representan solo el 10.5% de la fuerza laboral estadounidense. Eso se ha reducido del 35% en la década de los ‘50. No es casualidad que esta disminución haya ocurrido al mismo tiempo que aumenta la desigualdad de ingresos. Cuando a los trabajadores se les impide organizarse y participar en negociaciones colectivas, el resultado predecible son los salarios estancados y una clase media en declive.

Joe Biden cree que el gobierno federal no solo debe defender el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente, sino también alentar la negociación colectiva. Esa es la misión presentada por la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, promulgada en 1935, que establece que “alentar la práctica y el procedimiento de negociación colectiva” es parte de la “política de los Estados Unidos”.

Con ese fin, el presidente Biden:

  • Facilitará que los trabajadores que decidan sindicalizarse lo hagan. Hoy, los trabajadores se enfrentan a una batalla cuesta arriba de intimidación antisindical e intensa oposición de los empleadores cuando intentan organizar un sindicato. Y, demasiados empleadores pueden “agotar el tiempo” en la negociación de un acuerdo de negociación colectiva inicial. Biden apoya firmemente las disposiciones de la Ley PRO que abordan la organización sindical, así como los recursos enérgicos adicionales que:
    • prohibirán las reuniones obligatorias de los empleadores con sus empleados, incluidas las reuniones donde hay una audiencia cautiva, en las que los empleados se ven obligados a escuchar la retórica antisindical;
    • restablecerán y codificarán en ley la “regla de persuasión” de la Administración Obama-Biden que exige que los empleadores informen no solo la información comunicada a los empleados, sino también las actividades de consultores externos que trabajan tras bastidores para manejar las campañas antisindicales de los empleadores;
    • codificarán en ley las reglas de la NLRB de la era Obama-Biden que permiten plazos más cortos para las campañas electorales sindicales; y
    • evitarán que los empleadores detengan las negociaciones iniciales con los sindicatos recién formados.

Como copatrocinador de la Ley de la Libre Elección del Empleado original, Biden apoya a los trabajadores que eligen formar un sindicato si la mayoría firma tarjetas de autorización que facultan a un sindicato para representarlos. Él irá más allá de la Ley PRO al permitir que los trabajadores usen este proceso, llamado “firma de tarjetas de afiliación”, como una opción inicial para formar un sindicato, no simplemente una opción otorgada cuando el empleador ha interferido ilegalmente en el proceso electoral.

  • Proveerá una garantía federal para que los empleados del sector público negocien por mejores salarios y beneficios y las condiciones de trabajo que se merecen. Los sindicatos del sector público proveen la voz que los trabajadores, incluidos los educadores, los trabajadores sociales, los bomberos y los oficiales de policía, necesitan para asegurarse de que puedan servir a sus comunidades. Y, los sindicatos del sector público han sido y siguen siendo un camino esencial hacia la clase media para los trabajadores de color y las mujeres, que trabajan de manera desproporcionada en el sector público. Sin embargo, en muchos estados de todo el país, los trabajadores del sector público no tienen derecho a negociar colectivamente. En estados como Iowa, Wisconsin, Florida, Michigan e Indiana, estos derechos están cada vez más bajo ataque. Como presidente, Biden establecerá un derecho federal a la organización sindical y la negociación colectiva para todos los empleados del sector público, y facilitará que aquellos empleados que sirven a nuestras comunidades se unan a un sindicato y negocien. Lo hará luchando y promulgando la Ley de Cooperación del Empleador y los Empleados de Seguridad Pública y la Ley de Libertad de Negociación en el Servicio Público. Trabajará para garantizar que los trabajadores del sector público, incluidos los educadores de las escuelas públicas, tengan una mayor voz en las decisiones que afectan a sus estudiantes y sus condiciones de trabajo. También alentará firmemente a los estados a adoptar derechos de negociación ampliados para los trabajadores con licencia y contratados por el estado, incluidos los trabajadores de cuidado infantil y los trabajadores de cuidado de salud a domicilio. Y buscará soluciones federales que protejan los derechos de estos trabajadores a organizarse y negociar colectivamente. Finalmente, restablecerá la regla Obama-Biden, que la Administración Trump ha revocado desde entonces, que facilita a los trabajadores de cuidado a domicilio que son proveedores independientes unirse a un sindicato.
  • Prohibirá las leyes estatales que prohíben a los sindicatos recaudar cuotas o pagos comparables de todos los trabajadores que se benefician de la representación sindical que los sindicatos están legalmente obligados a brindar. Actualmente, más de la mitad de todos los estados han implementado las llamadas leyes de “derecho al trabajo”, que en realidad privan a los trabajadores de sus derechos. Estas leyes solo existen para privar a los sindicatos del apoyo financiero que necesitan para luchar por salarios más altos y mejores beneficios. Como presidente, Biden revocará las disposiciones de la Ley Taft-Hartley que permiten a los estados imponer leyes de “derecho al trabajo”.
  • Creará un grupo de trabajo a nivel de gabinete que se centre únicamente en promover la organización sindical y la negociación colectiva en los sectores público y privado. Como presidente, Biden creará un grupo de trabajo a nivel de gabinete que incluya representantes del sector sindical. En los primeros 100 días de la Administración, el grupo de trabajo elaborará un plan para aumentar drásticamente la densidad sindical y lidiar con la desigualdad económica. El grupo considerará si hay áreas muy específicas en las que el gobierno federal podría renunciar a la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo para permitir que las ciudades y los estados busquen formas innovadoras para aumentar la organización sindical y la negociación colectiva sin socavar las protecciones actuales de los trabajadores, como permitir acuerdos de neutralidad y tarjetas de afiliación. El grupo también tendrá la tarea de trabajar con sindicatos y asociaciones comerciales para explorar más a fondo la expansión de la negociación sectorial, donde todos los competidores en una industria participan en la negociación colectiva con uno o varios sindicatos.
  • Asegurará que los trabajadores puedan negociar con el empleador que realmente tiene el poder, incluyendo a quienes otorgan los franquicias, y asegurará que esos empleadores sean responsables de garantizar las protecciones en el lugar de trabajo. Durante la administración Obama-Biden, la NLRB emitió la histórica decisión de Browning-Ferris Industries. Si se permite que prevalezca, esta decisión permitiría a los sindicatos negociar colectivamente con el empleador que realmente controla sus salarios, beneficios y condiciones de trabajo, que a menudo no es la agencia de personal o el dueño de la franquicia, sino una gran corporación o quien otorga las franquicias como McDonald’s. La Administración Trump y la mayoría de la NLRB elegida por Trump propusieron revertir esta decisión. Como presidente, Biden promulgará leyes que codifiquen la definición de empleador conjunto de Browning-Ferris Industries en la ley, como se exige en la Ley PRO, y restablecerá la definición amplia de empleo conjunto a la ley de salarios y horas.
  • Asegurará que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la huelga sin temor a represalias. El derecho de los trabajadores a detener su trabajo, o irse a la huelga es fundamental para equilibrar el poder en el lugar de empleo. Pero demasiados trabajadores corren el riesgo de represalias, castigos o despidos cuando buscan presionar a los empleadores al participar en huelgas, piquetes y boicots. Los trabajadores con salarios bajos enfrentan barreras especialmente altas para ejercer su derecho a la huelga. A menudo tienen muy pocos recursos para sostener huelgas largas, y en su lugar requieren huelgas cortas y periódicas, o “huelgas intermitentes“, para poder presionar a su empleador. Según la ley actual, estos tipos de huelgas no están suficientemente protegidos. Y, debido a que los trabajadores con bajos salarios a menudo no tienen habilidades especializadas, con mayor frecuencia son “reemplazados permanentemente”, o despedidos funcionalmente, mientras están en huelga. Los trabajadores también suelen estar limitados en la presión que pueden ejercer sobre los empleadores debido a las restricciones para boicotear a las empresas “secundarias” que tienen influencia sobre su empleador. Estos boicots secundarios son esenciales para promover la voz de los trabajadores. Por ejemplo, después de que los productores de tomate lideraron sin éxito las huelgas de su empleador a comienzos de siglo, boicotearon con éxito a Taco Bell y otros gigantes de la comida rápida que compraban los tomates para obtener mejores salarios y condiciones de trabajo. Biden ha apoyado los boicots secundarios desde que ingresó al servicio público, y ha apoyado durante mucho tiempo la prohibición del “reemplazo permanente” de trabajadores. Como presidente, Biden luchará por la aprobación de la Ley PRO para proteger las huelgas intermitentes, prohibir los reemplazos de huelgas permanentes y eliminar la prohibición mal concebida de boicots secundarios de una vez por todas.
  • Facultará a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo para cumplir con su propósito de proteger a los trabajadores. El Congreso creó la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, por sus siglas en inglés) para alentar la organización sindical, apoyar la negociación colectiva y proteger los derechos de los trabajadores. La Administración Obama-Biden nombró a funcionarios de la NLRB que apoyaban el derecho de los trabajadores a organizarse y a la negociación colectiva, y tomaron decisiones de importancia crítica, como garantizar que los trabajadores pudieran organizarse en micro unidades. Trump ha socavado este progreso y la intención de la NLRB al nombrar miembros de la junta con largos historiales de actividades antisindicales. Como presidente, Biden designará miembros a la NLRB que protegerán, en lugar de sabotear, la organización de los trabajadores, la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores a participar en actividades concertadas, pertenezcan o no a un sindicato.
  • Restablecerá y ampliará las protecciones para los empleados federales. El gobierno federal debe servir como modelo a seguir para que los empleadores traten a sus trabajadores de manera justa. Sin embargo, Trump ha destrozado la capacidad de los empleados federales de negociar colectivamente, les despojó de su representación sindical y facilitó el despido de empleados federales sin “justa causa”. En el primer día de Biden en el cargo, restablecerá los derechos de los empleados federales a organizarse y negociar colectivamente, y ordenará a sus agencias que negocien con los sindicatos de empleados federales sobre temas de negociación no obligatorios.
  • Ampliará los derechos a los trabajadores agrícolas y domésticos, que se le debían haber otorgado hace tiempo. Cuando el Congreso extendió los derechos laborales y las protecciones a los trabajadores, los trabajadores agrícolas y los trabajadores domésticos, que son desproporcionadamente inmigrantes y personas de color, quedaron excluidos. Aún hoy, millones de estos trabajadores no están totalmente protegidos por la ley laboral federal. Como presidente, Biden apoyará legislación, incluyendo la Ley de Equidad para los Trabajadores Agrícolas y la Carta de Derechos de los Trabajadores Domésticos, que amplía las protecciones federales a los trabajadores agrícolas y domésticos, asegurando que ellos también tengan el derecho a las protecciones básicas en el lugar de trabajo y a organizarse y negociar colectivamente. Y, a través de la Carta de Derechos de las Trabajadoras Domésticas, Biden se asegurará de que las trabajadoras domésticas tengan voz en el lugar de trabajo a través de una junta de salarios y normas.
  • Extenderá el derecho a organizarse y negociar colectivamente a contratistas independientes. Algunos trabajadores están correctamente clasificados como contratistas independientes, pero no son muy diferentes de los empleados. Traen solo su trabajo, y quizás una pequeña cantidad de inversión de capital, a la organización con la que hacen negocios. Estos trabajadores carecen de poder de negociación individual y, como resultado, corren un grave riesgo de explotación por parte de las grandes empresas. Biden apoya la modificación de la ley antimonopolio y garantizar que estos contratistas independientes puedan organizarse y negociar colectivamente para su protección y beneficio mutuos.

ASEGURAR QUE TODOS LOS TRABAJADORES SEAN TRATADOS CON DIGNIDAD Y RECIBAN LA PAGA, LOS BENEFICIOS Y LAS PROTECCIONES EN EL LUGAR DE TRABAJO QUE SE MERECEN

Durante la Gran Depresión, Franklin Delano Roosevelt abrió la puerta a las protecciones laborales y estableció la red de seguridad por una razón. Los excesos de los negocios amenazaban el tejido mismo de nuestra comunidad en los tumultuosos años veinte, ya que los niños esclavizados en fábricas y los trabajadores laboraban por salarios de pobreza. Las protecciones básicas como el salario mínimo y el pago de horas extras permitieron a los trabajadores ganar la parte que les corresponde.

Pero ha pasado demasiado tiempo desde que aumentamos esos estándares. La cultura corporativa actual trata a los trabajadores como un medio para un fin e instituye políticas para suprimir los salarios.

Como presidente, Biden se asegurará de que los trabajadores reciban el salario y la dignidad que se merecen. Biden:

  • Aumentará el salario mínimo federal a $15. Como vicepresidente, Biden ayudó a lograr la aprobación de las leyes estatales y locales para aumentar el salario mínimo, incluso en el estado de Nueva York, y apoyó la eliminación del salario mínimo con propina. Él cree firmemente que a todos los estadounidenses se les debe un aumento, y ya es hora de que aumentemos el salario mínimo federal a $15 en todo el país. Este aumento incluiría a los trabajadores que actualmente no están ganando el salario mínimo, como los trabajadores agrícolas que cultivan nuestros alimentos y las trabajadoras domésticas que cuidan de nuestras personas mayores, los enfermos y las personas con discapacidad. Como presidente, Biden también apoyará indexar el salario mínimo al salario medio por hora para que los salarios de los trabajadores de bajos salarios se mantengan al día con los de los trabajadores de ingresos medios.
  • Invertirá en las comunidades aplicando ampliamente y poniendo en vigor estrictamente los salarios vigentes. El salario prevaleciente, o el salario ganado por el trabajador medio en la misma ocupación en la misma región, es un mecanismo esencial para asegurar los trabajos de clase media. Los fondos de los contribuyentes siempre deben usarse para construir la clase media, no para fomentar la competencia para reducir los salarios entre los empleadores en las industrias de construcción o servicios. Cuando el presidente Obama puso al vicepresidente Biden a cargo de la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos (ARRA, por sus siglas en inglés), Biden se aseguró de que las normas de la Ley Davis-Bacon y la Ley de Contrato de Servicios se aplicaran estrictamente, exigiendo que el salario prevaleciente se pagara a los trabajadores de la construcción y los trabajadores de servicios. en todos los proyectos financiados por ARRA. Como presidente, Biden tomará este éxito como base y asegurará que cada inversión federal en proyectos de infraestructura y transporte o trabajos de servicio esté cubierta por las protecciones salariales vigentes.
  • Evitará que los empleadores nieguen a los trabajadores el pago de horas extras que han ganado. La Administración Obama-Biden luchó para extender el pago de horas extras a más de 4 millones de trabajadores y proteger a casi 9 millones de perderlo. La Administración Trump revirtió este progreso, implementando una nueva regla que deja atrás a millones de trabajadores. Desde que Trump dejó de proteger a estos trabajadores de clase media, ellos han perdido más de $2.2 mil millones en salarios de horas extras no percibidos. Como presidente, Biden se asegurará de que los trabajadores reciban un pago justo por las largas horas que trabajan y de que obtengan las horas extras que hayan ganado.
  • Asegurará que los trabajadores en la “economía de los encargos” (gig economy) y más allá reciban los beneficios legales y las protecciones que merecen. La clasificación errónea del empleador de los trabajadores de la “economía de los encargos” como contratistas independientes priva a estos trabajadores de beneficios y protecciones legalmente obligatorias. Los empleadores en la construcción, las industrias de servicios y otras industrias también clasifican erróneamente a millones de sus empleados como contratistas independientes para reducir sus costos laborales a expensas de estos trabajadores. Esta epidemia de clasificación errónea es posible gracias a análisis jurídicos ambiguos que otorgan demasiada discreción a los empleadores, muy poca protección a los trabajadores y muy poca dirección a las agencias gubernamentales y los tribunales. Estados como California ya han allanado el camino adoptando un “análisis ABC” de tres puntas más clara, más simple y más fuerte para distinguir a los empleados de los contratistas independientes. El análisis ABC significará que muchos más trabajadores obtendrán las protecciones legales y los beneficios que legítimamente deberían recibir. Como presidente, Biden trabajará con el Congreso para establecer un estándar federal basado en el análisis ABC para todas las leyes laborales, en el empleo y fiscales.
  • Eliminará las cláusulas de no competencia y los acuerdos de no captación que obstaculizan la capacidad de los empleados de buscar salarios más altos, mejores beneficios y condiciones de trabajo al cambiar de empleador. En la economía estadounidense, las empresas compiten. Los trabajadores también deberían poder competir. Pero en algún momento de sus carreras, el 40% de los trabajadores estadounidenses han estado sujetos a cláusulas de no competencia. Si los trabajadores tuvieran la libertad de trasladarse a otro trabajo, podrían esperar ganar entre un 5% y un 10% más, es decir, entre $2,000 y $4,000 adicionales para un trabajador que gane $40,000 cada año. Estas barreras a la competencia impulsadas por el empleador se imponen incluso dentro de las redes de franquiciados de la misma compañía. Por ejemplo, las grandes empresas que otorgan franquicias como Jiffy Lube tienen políticas de no captación que impiden a cualquiera de sus franquiciados contratar trabajadores de otro franquiciado. Como presidente, Biden trabajará con el Congreso para eliminar todos los acuerdos de no competencia, excepto los pocos que sean absolutamente necesarios para proteger una categoría estrechamente definida de secretos comerciales, y prohibirá por completo todos los acuerdos de no captación.
  • Pondrá fin a los requisitos innecesarios de licencias ocupacionales. Si bien las licencias son importantes en algunas ocupaciones para proteger a los consumidores, en muchas ocupaciones las licencias no hacen más que frustrar las oportunidades económicas. Si los trabajadores con licencia eligen mudarse a nuevos estados para trabajos mejor pagados, a menudo tienen que obtener la certificación nuevamente. Como presidente, Biden tomará como base los esfuerzos de la Administración Obama-Biden para incentivar a los estados a reducir los requisitos de licencia innecesarios y garantizar que las licencias sean transferibles de un estado a otro.
  • Aumentará la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. Nadie debería enfermarse, lesionarse o morir simplemente porque fueron a trabajar. Todo trabajador tiene derecho a regresar a casa del trabajo de manera segura. Pero Trump ha intentado socavar varias regulaciones ocupacionales y de seguridad establecidas durante la administración Obama-Biden. Por ejemplo, eliminó las regulaciones que requieren que las compañías reporten sus lesiones en el lugar de trabajo para que se divulguen al público. Eliminó las restricciones sobre las velocidades de la línea en las plantas de carne de cerdo, haciendo que los trabajos en las empacadoras de carne sean aún más peligrosos. Redujo el número de investigadores de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) y los esfuerzos de aplicación de las protecciones de seguridad, a pesar de que las inspecciones de OSHA reducen las lesiones. Como presidente, Biden restablecerá estas protecciones críticas de seguridad y asegurará que todos los nombramientos para comités y juntas asesoras bajo OSHA entiendan detalladamente las consecuencias de no tener en vigor estándares de seguridad funcionales. Ordenará a OSHA expandir sustancialmente sus esfuerzos de cumplimiento. Aumentará el número de investigadores en OSHA y en la Administración de Seguridad y Salud en las Minas (MSHA). También ordenará a OSHA, el Departamento de Agricultura de los EE. UU., MSHA y otras agencias relevantes desarrollar estrategias integrales para abordar los riesgos más peligrosos que enfrentan los trabajadores en el lugar de trabajo moderno.
  • Asegurará que los trabajadores tengan su día en corte poniendo fin a las cláusulas de arbitraje obligatorias impuestas por los empleadores a los trabajadores. Sesenta millones de trabajadores se han visto obligados a firmar contratos renunciado a su derecho de demandar a su empleador y casi 25 millones se han visto obligados a renunciar a su derecho a presentar demandas colectivas o arbitraje conjunto. Estos contratos requieren que los empleados utilicen arbitrajes privados individuales cuando su empleador viola las leyes federales y estatales. Biden promulgará una legislación para prohibir a los empleadores que exijan a sus empleados que acepten el arbitraje individual obligatorio y obliguen a los empleados a renunciar a su derecho a demandas colectivas o litigios colectivos, como se establece en la Ley PRO.
  • Ampliará las protecciones para los inmigrantes indocumentados que denuncian violaciones laborales. Cuando los inmigrantes indocumentados son víctimas de delitos graves y ayudan en la investigación de esos delitos, son elegibles para las visas U. La Administración Obama-Biden amplió el programa de visa U a ciertos delitos en el lugar de trabajo. Como presidente, Biden extenderá aún más estas protecciones a las víctimas de cualquier violación de las leyes laborales federales, estatales o locales en el lugar de trabajo al asegurar la aprobación de la Ley POWER. Y, una Administración Biden se asegurará de que los trabajadores con visas temporales, incluidos los maestros invitados, estén protegidos para que puedan ejercer los derechos laborales a los que tienen derecho.

BIDEN HA ESTADO CON LOS SINDICATOS Y LOS TRABAJADORES DURANTE TODA SU CARRERA

El vicepresidente Biden ha apoyado y luchado por los trabajadores una y otra vez. Ayudó a lograr que se aprobaran leyes estatales y locales para aumentar el salario mínimo, incluso en el estado de Nueva York. Como vicepresidente, Biden fue la voz más fuerte entre los oficiales electos, denunciando “el ataque más directo [a los sindicatos] en generaciones” cuando los gobernadores en estados como Wisconsin y Ohio eliminaron los derechos de negociación colectiva de los empleados del sector público. Cuando el presidente Obama puso al vicepresidente Biden a cargo de la Ley de Recuperación y Reinversión de los Estados Unidos, se aseguró de que los trabajadores de la construcción recibieran los salarios vigentes, esenciales para mantener los trabajos de la clase media. La Ley de Recuperación también jugó un papel vital en salvar empleos del sector público, incluyendo decenas de miles de empleos en el campo de la educación. Y, Biden aseguró una expansión de la Ley SAFER para mantener a más bomberos en el trabajo durante la Gran Recesión.

La Administración Obama-Biden también tomó medidas para facilitar la organización de los trabajadores. La Administración aumentó la transparencia de las campañas antisindicales de los empleadores y se aseguró de que los empleadores que querían contratos federales tuvieran que cumplir con las leyes laborales. Apoyaron la capacidad de organización de los trabajadores del sector público, incluso aclarando que los estados pueden deducir las cuotas sindicales de los trabajadores de cuidado a domicilio. Y, la Administración nombró una Junta Nacional de Relaciones del Trabajo pro-sindicatos.

El compromiso de Biden de luchar por los trabajadores y los sindicatos es uno duradero. Como senador, fue uno de los copatrocinadores originales de la Ley de Libre Elección del Empleado, lo que habría facilitado la sindicalización de los trabajadores mediante el uso de tarjetas de autorización. Desde 1975, fue uno de los primeros defensores de los boicots secundarios, un método crítico que los trabajadores necesitan para luchar por condiciones de trabajo justas. Ambas disposiciones ahora han obtenido un amplio apoyo y están incluidas en la Ley de Protección del Derecho a la Organización (PRO, por sus siglas en inglés) de los demócratas del Congreso. Como presidente, Biden firmará la Ley PRO.